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16 Julio 2008
El efecto dominó provocado por la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa ha llegado imparable al sector financiero nacional, que recibe un duro golpe en un momento crítico. Según la normativa del Banco de España, los acreedores de la inmobiliaria deben dotar una provisión de un mínimo del 25% del crédito concedido y anotar en la partida de «dudosos de cobro» el 100%, cifras que pueden poner patas arriba el balance de muchas entidades. A continuación se desgranan las provisiones que deberán acometer los principales acreedores de la inmobiliaria de Fernando Martín.
Caja de Burgos, con dos préstamos sindicados por un importe de algo más de 35 millones -que suponen el 5% de toda la inversión crediticia de la caja- tendrá que provisionar 14 millones de euros. De cerca le sigue la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que ha concedido créditos por 90 millones, lo que supone una dotación de 20 millones.
Caja de Ávila y Caixanova deberán asumir, por su parte, provisiones por 25 millones de euros, derivados de los respectivos créditos por importe de 100 millones que ambas entidades habían concedido a la inmobiliaria. Bancaja reconoce que cuenta con 280 millones en riesgo, por lo que, según las circular 4/2004 del Banco de España, la provisión ascenderá a 70 millones. En una situación similar se encuentran Caixa Cataluña, que deberá reservar 75 millones para cubrir el riesgo de impago de Martinsa, y Caixa Galicia, que deberá hacerlo con 78.
Otro de los acreedores que más ha sufrido la suspensión de pagos de la inmobiliaria ha sido Banco Popular, que ayer fue duramente castigado en Bolsa y se ha convertido en uno de los paradigmas de la crisis del sector inmobiliario. La entidad que preside Ángel Ron ya ha anunciado que provisionará 100 millones de euros en una estrategia de «prudencia».
Dos gigantes como Caja Madrid y La Caixa también han tenido que anunciar dotaciones por 250 y 192 millones, respectivamente. Estas anotaciones tendrán reflejo en las cuentas del primer semestre de 2008.
ABC.es